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La retransmisión de los plenos en la televisión pública local, una cuestión de democracia

Mi abuela no verá los plenos en YouTube. Está claro, a ojos de todos, que no los verá. Por más años que lleve siguiéndolos en televisión. Por más importancia que pudiera darles. No los verá.

La afirmación, aparentemente banal, debería bastar a los representantes locales de los distintos partidos políticos que han acabado, por acción u omisión, con las retransmisiones de esta reunión política mensual en la televisión local. Si tienen capacidad para comprender lo que supone, y la dignidad precisa para asumirlo, revocarán hoy mismo la decisión, y los plenos volverán a retransmitirse íntegros, en directo, por televisión. Y no es la razón mi abuela.

La televisión pública es, en sí misma, una cuestión de democracia. En las facultades -públicas- de periodismo se enseña que, sin la participación ciudadana efectiva y directa sobre los medios públicos, en un panorama tétrico en el que unos pocos medios privados tienen todo el poder mediático, el derecho a recibir información libre y veraz que recoge la Constitución no es más que una farsa. Un derecho reconocido del que estamos siendo privados.

Atención, políticos y personas de la política, que el asunto no es cosa menor. Si no permiten que decidamos qué modelo de televisión preferimos; si no nos muestran datos sobre audiencias o financiación; si no nos dejan participar en la programación, decir qué nos interesa y qué no, la democracia que se presupone a nuestro sistema, ¿Dónde está? ¿Cómo vais a justificar, entonces, que contribuyamos con un medio teóricamente público que habéis convertido en vuestro patio de luces particular? ¿O no es acaso democracia que el pueblo decida qué hacer con una televisión financiada con sus impuestos? Sí, sabemos que los plenos se siguen retransmitiendo en directo a través de YouTube. Pero mi abuela, que también lo sabe, no los verá en la dichosa plataforma. Tampoco aquellos que no tengan internet en casa. Y, como decía, no es cosa menor. La brecha digital es una barrera insalvable para casi la mitad de la población, a la que ha llegado tarde esto de la última revolución tecnológica.

Vosotros, políticos y personas de la política, estáis burlando uno de los principios básicos del sistema de representación que os alimenta. La Constitución recoge la obligación de garantizar, a los mayores también, el derecho de acceso a unos medios públicos que, por supuesto, ofrezcan información veraz. No es cuestión menor.

En lugar de recortar información amparados en la reducción de presupuesto y el espectáculo en que se convierten los plenarios, convenid unos tiempos de intervención, e iniciad un proceso participativo que conduzca a la creación de una televisión pública más honrada. Con una programación atractiva, con pluralidad, sin injerencia política. Cumplid la Constitución. En imperativo. Es cuestión de democracia.

Miguel Ángel Laguna.

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