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Temporeros: explotación y silencio

Nicolae, su mujer y su hijo de dos años abandonaron en 2005 su hogar en Calafat, Rumanía, para venir a España a trabajar. Después de 15 años recorriendo los tajos de Cataluña, Aragón, Castilla La Mancha y Andalucía, y a pesar de contar con papeles en regla y contrato de trabajo en vigor, Nicolae y su familia se han visto obligados a dormir dos semanas al raso en la orilla del río Genil. Este fin de semana, tras una denuncia particular contra el asentamiento, fueron expulsados de Écija por la Policía junto a varias decenas de compatriotas con historias similares e idéntica suerte.

En tiempos de pandemia, cuando todas las precauciones parecen pocas, dormían bajo el puente de la autovía A-4, sin luz ni agua potable y a orillas de un Genil que estos días bajaba algo crecido con las lluvias. Sin hacer ruido, la mayoría recogió para marcharse. La campaña del ajo no entiende de facilidades. Además de una labor excepcionalmente dura, el de los ajos es un trabajo breve. Sin albergues o instalaciones similares para los temporeros del campo, la extrema temporalidad del empleo y la desconfianza de los propietarios de viviendas en alquiler (escasas en el parque inmobiliario nacional) hacia los migrantes, termina arrojándolos más allá de los márgenes sociales.

Si las condiciones de partida eran extraordinariamente duras, las lluvias de las últimas dos semanas les habían impedido trabajar durante varias mañanas, y sin jornal, no hay comida. En esta tesitura, la Coordinación Medioambiental Astigitana, un colectivo local conocido como La Coma, ha tratado de actuar en su apoyo. En primer lugar, “cubriendo con productos de alimentación básica y abundante ropa de abrigo y trabajo aquellas necesidades que los temporeros identificaban como más urgentes”. Sin tiempo ante la rápida actuación policial, plantean ahora una serie de actuaciones que habían sido previstas a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de acabar con esta cuestionable normalidad. Entre ellas, apuntan ejemplos como la construcción pública o cooperativa de albergues o viviendas temporales, para trabajadores de corta estancia en la localidad; la habilitación de espacios públicos con servicios para la acampada, como suministro de agua, duchas y baños portátiles; o recursos ágiles para la escolarización provisional, entre otras soluciones “factibles, probadas en otros países”.

Imágenes del asentamiento en Écija. Bajo un puente, a orillas de un río.

Sin viviendas, la existencia de agua en los asentamientos depende de las idas y venidas con garrafas de plástico, y de la distancia a la que se encuentren las fuentes públicas, cada vez más escasas, o los puntos de suministro de la red general. Algunos gestos tan básicos como darse una ducha o disfrutar de una cena -tras jornadas de 10 u 11 horas de fatigoso trabajo- se convierten, sin los medios precisos, y sin más luz que la que ofrecen las linternas, en tareas complejas; sin servicio mínimo de recogida de basuras, sin contenedores siquiera en el caso de Écija, el acarreo de los desechos resulta laborioso, y en ocasiones acaba degenerando en problemas de gestión de residuos y de aceptación vecinal para con el colectivo.

Imágenes del asentamiento en Écija. Bajo un puente, a orillas de un río.

Hace casi 20 años que se repite la escena en Écija, más de 30 en Huelva, Almería o Jaén. Mismos guiones, mismos actores; siempre un final sin aplausos. Cada campaña, los gobiernos locales de uno y otro signo, como los autonómicos y los estatales, facilitan la llegada y el asentamiento temporal de trabajadores del sector agrícola que provienen de distintos rincones del país, además de África o Europa del este. Según el Gobierno, 14.583 mujeres marroquíes trabajaron el pasado año en la campaña de frutos rojos de Huelva; 21.894 trabajadores procedían de territorio comunitario (principalmente Rumanía y Bulgaria); y 11.565 de otros países, generalmente centro africanos. Un 52% del total de trabajadores agrícolas de la provincia, con cifras muy similares en otras provincias; una pieza fundamental del sistema productivo y la economía de Andalucía que, tres décadas después, pasa la noche al raso, y es perseguida y explotada durante el día. En silencio, porque hablar es perder el sustento.

Los temporeros que llegan a la comarca de Écija lo hacen para trabajar en tajos próximos al pueblo, principalmente bajo el mandato de las grandes empresas del ajo de Montalbán, Santaella y Puente Genil, principal zona de producción de ajo en Andalucía. Sin ayudas de la PAC, y en ausencia de medidas de protección o fomento del mercado local, la producción de ajo llegada de China, que soporta menores costes unitarios derivados de normativas menos estrictas, obliga la bajada de precio del ajo español (en algunos casos incluso por debajo de los costes de producción), y fomenta que los productores locales, en manos de los grandes intermediarios, recurran, en demasiadas ocasiones, a mano de obra barata, ya sea población extranjera o nacional. Según nos relata un empresario agrícola conocedor del sector, lo hacen por necesidad, “conscientes de la situación y con la vergüenza en la cara y en las palabras”, aunque apostilla: “Que quede claro. Al que abusa y al que explota, inspecciones y sanciones”.

Nos acaban de llamar denunciando que no salen a 30€ el día después de más de 10 horas de trabajo.

Óscar Reina, portavoz del SAT.

Como portavoz del SAT, Óscar Reina asegura que solo en Huelva y durante el Estado de Alarma, el sindicato ha puesto más de 100 denuncias ante la Inspección de Trabajo. “Cientos en toda Andalucía, y lo peor es que esto no para. Muchas de esas denuncias las hemos tenido que repetir, porque la actitud patronal, lejos de corregirse, persiste y se endurece. Caso parecido en Almería, pero también en los tajos de ajo de Antequera, o de Écija, de donde nos acaban de llamar denunciando que no salen a 30€ el día después de más de 10 horas de trabajo.”

Como reconocen los jornaleros experimentados, la campaña del ajo no entiende de facilidades. Según el convenio colectivo provincial del campo de Córdoba, las faenas de jornal son mínimas y las realizan cargadores, vaciadores, tractoristas, listeros y auxiliares de recolección. La corta de ajos se hace a destajo y está reflejada en el convenio. Es decir, se paga por caja que cortes, y el precio para esta campaña es de 1,73 euros por cada caja de 20 kilos. En un tajo de 70 trabajadores, de cualesquiera que sean sus procedencias, unos 10 trabajan a jornal de 45,80 € y los restantes 60 a destajo, siendo solo unos pocos de ellos los que consiguen llegar al jornal. Para ello hay que cortar como mínimo 25 cajas y se tienen que dar las circunstancias precisas para que esto sea posible: que haya suficiente ajo, que no falten las cajas, que no se rompan las tijeras… Además, la productividad no es solo determinante para conseguir el jornal, también para mantener el empleo. Se discrimina a los jornaleros a los que no cunde la corta, y se les deja parados o se les deja de avisar para las campañas próximas.

Sin embargo, no parecen coincidir en el análisis patronales y agrupaciones agrícolas mayoritarias, cuya preocupación discurre en sentido prácticamente opuesto. La pasada semana, aprovechando una filtración del diario digital El Independiente, numerosos medios de línea conservadora como ABC, El Español o El Economista iniciaron una campaña para denostar la actuación de Yolanda Díaz y del ministerio de Trabajo, por las instrucciones dadas al cuerpo de inspectores que tiene que examinar el trabajo agrícola. En estas directrices, el ministerio hacía hincapié en detectar la posible “explotación laboral y las prácticas similares a la esclavitud” que señalan desde hace años colectivos como Cáritas, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o, recientemente, Philip Alston como relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos. Estas instrucciones, junto a la realización de varias inspecciones y detenciones de empresarios, han motivado fuertes críticas de sindicatos como COAG, ASAJA, o la propia Junta de Andalucía.

Así versa la denuncia pública de ASAJA contra “las preguntas de Yolanda Díaz”: Todas ellas son inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada para desempeñar sus funciones de ministra”, para exigir a Pedro Sánchez “cesarla de forma fulminante o de lo contrario se entendería que apoya este ataque a nuestro sector”.

Parece evidente que los principales actores del sistema agrario pretenden acallar las verdades incómodas de un modelo desigual. Irremediablemente, los tiempos de conflictos y debates impostados han acabado. Nadie podrá ignorar el grito último de quien no tiene voz; será también el último gesto de los que la tuvieron. La emergencia social y natural nos empuja ya -y acabará obligándonos- a realizar análisis más profundos, transversales. Soluciones diferentes. Honestas. Somos hijos heterogéneos del sistema, pero estamos homogéneamente jodidos. En la empatía, y en la construcción de un destino compartido y sostenible nos va la supervivencia.

Manifestantes por los precios del aceite. Sevilla, julio de 2019.

Por Miguel Ángel Laguna.

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