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Las trabajadoras marroquíes de Frutas Curi S.L. denuncian explotación, impagos y amenazas del empresario

“Un punto rojo y no trabajarás más en este país”: un grupo de trabajadoras marroquíes contratadas en origen y asignadas a Frutas Curi, de Cartaya (Huelva), han denunciado en la capital los reiterados incumplimientos de sus obligaciones por parte del propietario de la empresa, del que afirman haber recibido amenazas de ser incluidas en una suerte de lista negra que les impedirá volver trabajar en España si siguen adelante con sus reivindicaciones.

Trabajadoras marroquíes de Fincas El Curi contratadas en origen durante la rueda de prensa ofrecida en Huelva este miércoles

“Cuando reclaman sus derechos las amenaza con no traerlas el año que viene”, explicaba el intérprete facilitado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores este miércoles junto al entrada de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva. Las mujeres aseguran que El Curi les cobra una cantidad mensual por el alquiler de las viviendas donde se alojan, que las ha obligado a hacer horas extraordinarias que no les paga, y que les debe aún salarios devengados y no cobrados. El testimonio de las temporeras sostiene que El Curi retiene estos salarios como “medida de presión”.

Según se escucha en el audio que encabeza este texto, algunas de las trabajadoras llegaron a contactar con “la asociación” (La ONGD Mujeres en Zona de Conflicto, contratada por la Junta de Andalucía) para que tramitaran un cambio de empresa en la que trabajar como temporeras. La petición llegó a oídos de El Curi, quien, lejos de aceptar el cambio, amenazó con hacer un punto rojo: una baja definitiva y ya no vas a venir más a este país.

RECIENTE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Frutas El Curi fue una de las primeras empresas sometidas a la campaña extraordinaria de Inspecciones de Trabajo ordenada por la ministra del ramo, Yolanda Díaz, en el sector agrícola español.  La “inspección sorpresa” desarrollada en la empresa cartayera el pasado 3 de junio,  bajo el polémico protocolo de la ministra, dio como resultado, tras realizar el cuestionario de la discordia, y según adelantaba ese mismo día esta revista, que la Inspección de Trabajo elevará una propuesta de sanción por hechos que los funcionarios consideraron “graves”.

Entre las faltas detectadas y/o relatadas por los propios jornaleros entrevistados, cobrar hasta 50 euros mensuales a los trabajadores que viven en alojamientos de la finca carentes de lavadora o agua caliente, con sanitarios consistentes “en un agujero en el suelo”, e incumplimientos flagrantes del convenio colectivo.

MEDIACIÓN DE MZC

Asimismo, y según la información exclusiva ofrecida por La Mar de Onuba, una mediadora de la ONG Mujeres en Zona Conflicto (entidad contratada por la Junta de Andalucía para velar por los derechos de las trabajadoras marroquíes contratadas en origen) se personó la mañana del sábado 4 de junio, apenas 24 horas después de la inspección “sorpresa” ejecutada por la ITSS y la Guardia Civil, en las instalaciones de Frutas Curi, para pedir a seis de las trabajadoras marroquíes, “en nombre del Gobierno Andaluz”, que no ratificaran ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los hechos que los funcionarios del Estado pudieron conocer de primera mano en la inspección sorpresa que tuvo lugar el pasado 3 de junio, como informó, en su momento y en exclusiva, esta revista.

La mediadora de MZC, que desde el primer momento dejó claro que también hablaba “en nombre del Gobierno Andaluz” (para lo que llegó a exhibir un documento que acreditaría tal representación), expresó a la seis marroquinas, con total crudeza, las plausibles consecuencias que para la empresa podía tener la investigación abierta sólo un día antes, por la ITSS y la Guardia Civil.

“Si vuelven a la finca la sanción va ser tan gorda que el Curi va a tener que despedir a todos los trabajadores de la empresa”, argumentó la mediadora de MZC para sugerir a las seis trabajadoras que reconsideraran sus testimonios ante una previsible e inminente declaración ante los funcionarios del Estado. MZC cargó sobre ellas el viejo dilema entre remedio y enfermedad, ante las cuantiosas “víctimas colaterales” que resultarían afectadas por unas presuntamente flagrantes violaciones de la legalidad, cuya veracidad la mediadora no llegó a cuestionar en ningún momento de la reunión.

Pasado más de un mes, las temporeras siguen sufriendo, según su propio relato, los mismos abusos, maltratos y amenazas. De la mediación de MZC, del informe emitido por la Inspección de Trabajo, o si hay o no propuesta de sanción, nada ha transcendido, al menos todavía. Pero, escuchando a las mujeres marroquíes, no parece una cuestión que preocupe al polémico y exitoso empresario de los frutos rojos cartayero.

El SAT reclama que una ‘revisión radical’ de todo el proceso de contratación en origen

La denuncia pública de la explotación, abusos laborales y amenazas que las temporeras marroquíes de Finca El Curi aseguran estar viendo en la finca onubense, se produjo durante una rueda de prensa convocada este miércoles por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la puerta de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura de la Junta De Andalucía.

En dicho acto, Mercedes Domínguez, responsable de Migración del sindicato SAT, ha defendido una revisión completa del acuerdo entre España y Marruecos para la contratación en origen.

“El supuesto fraude sigue siendo la tónica en la contratación en origen“, aseveró Domínguez, quien denunció el incumplimiento generalizado de las condiciones de trabajo pactadas en Marruecos una vez que la temporeras llegan a nuestro país. “Es una contratación precaria que exime al patrón de darles faena obligatoriamente y de pagar y cotizar salarios por los días no trabajados”. La sindicalista aseguró tener conocimientos de casos como el de una temporeras que ya ha participado en tres campañas de frutos tojos y solo ha cotizado por 50 días.

En este sentido, el SAT ha exigido una “revisión radical del Acuerdo de Contratación en Origen”, y ha propuesto, entre otras medias, que se habilite un “teléfono de contratación independiente al sector agrícola”, que se amplié la dotación de la Inspección de Trabajo, que esta sea “motorizada, acorde y proporcional al volumen de temporeras” que vienen a las campañas de frutos rojos, y que las inspecciones se realicen «sin previo aviso a la empresa”.

Asimismo, Domínguez ha pedido que en el momento de firmar el contrato en origen se habilite al alta sanitaria de las trabajadoras, para evitar los farragosos trámites burocráticos en los que se han visto envueltas muchas mujeres para recibir asistencia médica durante su estancia en España.

«Maltrato verbal, miedo y castigos psicológicos mientras la patronal, La UE y los grandes sindicatos hacen la vista gorda»

“Con total impunidad hay engaño, incumpliéndose el convenio sistemáticamente”, sostiene la responsable de Migración del  SAT. “Existe el maltrato verbal, miedo y castigos psicológicos, atentando gravemente a los Derecho Humanos mientras los organismos competentes, la patronal, La Unión Europea y los grandes sindicatos hacen la vista gorda”. Asimismo, Domínguez cuestionó la eficacia del protocolo PRELSI (el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social del lobby patronal Interfresa), del que aseguró que es “de parte y no independiente para este cometido”.

Por su arte, el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha criticado que las más de 7.000 temporeras marroquíes que permanecen en Huelva por el cierre de fronteras “estén desamparadas”. Reina ha incidido en la importancia de que se tomen medidas para “no dejarlas tiradas” cuando han sido trabajadoras “esenciales” durante todo el periodo del estado de alarma. Por ello, ha sostenido que las organizaciones agrarias como Asaja o Interfresa no se están portando, a su juicio, “como deberían”, toda vez que ha insistido en que este colectivo está “sin cobertura”.

Redacción La Mar de Onuba.

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