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Fatima, una temporera marroquí gravemente enferma y abandonada por el sistema en un asentamiento chabolista de Huelva

Secular y dramática indolencia institucional y empresarial ante el sufrimiento de mujeres marroquíes contratadas en origen para la recogida de frutos rojos en Huelva.

Fatima vive en una vieja caravana en un asentamiento chabolista sin electricidad y sin agua corriente. Más de tres veces por semana una ambulancia la lleva y trae a las duras y agotadoras sesiones de diálisis.

A pesar de haber cotizado una media de seis meses anuales durante casi 20 años, no está percibiendo ninguna prestación por incapacidad y sobrevive con la ayuda de personas privadas y colectivos sociales. En el caso de Fatima han fallado todos los eslabones (institucionales y empresariales) de la cadena que vela por el bienestar de las mujeres marroquíes contratadas en origen.

Huelva, 25 de noviembre de 2020. Fatima padece una enfermedad renal grave que, hasta que pueda optar a un trasplante, hace que su vida dependa de las sesiones de hemodiálisis que más de tres veces por semana limpian su sangre. Incapacitada para trabajar, malvive desde el pasado mes de agosto en una vieja caravana ubicada en el asentamiento chabolista de Las Madres (Moguer, Huelva). Una ambulancia la recoge y la regresa al borde de la carretera colindante al lugar para llevarla a las sesiones de diálisis. No percibe ningún tipo de subsidio, ayuda o prestación (a lo que tiene derecho) de ninguna Administración Pública o mutualidad. Vive enferma y en la indigencia.

Ese mes solo trabajó 14 días. Fatima asegura que las jornadas de trabajo eran agotadoras, sin apenas descanso, y que no se le permitía parar para beber agua o ir a orinar.

En el caso de Fatima han fallado todos los eslabones de la dizque exitosa contratación en origen. El celebérrimo sistema de migración circular que permite a las empresas españolas importar temporalmente mano de obra extranjera para necesidades puntuales. Limitado, en el caso del sector de los frutos rojos onubenses (por voluntad empresarial abiertamente tolerada por los gobiernos de España y Marruecos), a mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años, de entornos rurales, y -obligatoriamente- madres de niños menores de 15 años. En la mayoría de casos, mujeres vulnerables, de escasa formación cultural, analfabetas y desconocedoras de los derechos y obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho como España.

Fatima, de 44 años, forma parte de los contingentes de trabajadoras marroquíes que vienen a Huelva a «hacer la fresa» desde antes que la denominada migración circular se regulara en la Orden Gecco, las disposiciones ministeriales que regulan anualmente los requisitos, compromisos y derechos de empresas y trabajadores para esta fórmula de «contratación en origen». Es una trabajadora con antigüedad acreditada. Vino a Huelva por primera vez en 1997. Desde entonces, y salvo un breve periodo de tres o cuatro años, ha regresado cada temporada de frutos rojos. Los últimos años, asignada a la empresa Los Arenales de Mazagón SL. Siempre ha cumplido el compromiso de retorno a Marruecos cuando termina la recolecta de berries, obligación ineludible para que las marroquinas (como llaman a estas temporeras) puedan regresar en sucesivas campañas. Todos esos años ha sido cotizante a la Seguridad Social. Y se ha descontado de sus nómimas, como a cualquier trabajador, la correspondiente retención a cuenta del IRPF.

La historia de Fatima

Fatima durante una de las sesiones de hemodiálisis en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Un vehículo de la empresa la trasladó hasta la puerta de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde quedó sola. Tras ser atendida, con las dificultades propias de la barrera idiomática, se decidió su hospitalización. Fatima, nacida en 1976 en un pueblo cercano a la ciudad de Tourit, madre de dos hijos de 13 y 14 años que permanecen en la casa de alquiler en la que viven en Marruecos, se incorporó a la pasada campaña de frutos rojos a finales de enero, formando parte de los primeros contingentes de mujeres marroquíes. A primeros de junio, notó que se sentía mal, que se asfixiaba. Se lo comunicó a uno de los encargados de la finca Las Posadillas, propiedad de la empresa Los Arenales de Mazagón SL. Según su relato, un vehículo de la empresa la trasladó hasta la puerta de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde quedó sola. Tras ser atendida, con las dificultades propias de la barrera idiomática, se decidió su hospitalización.

Permaneció ingresada diez días. Refiere la propia trabajadora que durante ese tiempo, nadie de la empresa, ni mediadores del plan PRELSI (el celebrado -y financiado por la Junta de Andalucía- Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social del lobby patronal Interfresa), ni las consultoras de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto (MZC, entidad contratada expresamente por la Junta de Andalucía para realizar labores de asesoramiento y acompañamiento socio sanitario a las mujeres marroquíes contratadas en origen) fue a visitarla o se puso en contacto con ella para interesarse por su estado de salud, o por cómo iba a afectar la enfermedad a su situación personal y laboral en España.

Cuando recibió el alta hospitalaria, Fatima regresó a Las Posadillas. Entregó a un encargado los papeles que le habían dado en el Hospital, cuyo contenido desconoce, y siguiendo indicaciones, se reincorporó al trabajo y a su alojamiento en la finca. Ese mes sólo trabajó 14 días. Fatima asegura que las jornadas de trabajo eran agotadoras, sin apenas descanso, y que no se le permitía parar para beber agua o ir a orinar. Fatal para sus enfermos riñones. El 30 de junio, cuando fue a la revisión programada en la consulta de nefrología del Juan Ramón, volvió a ser hospitalizada. El notable deterioro de su estado de salud así lo aconsejaba. Permaneció ingresada 38 días, durante los cuales comenzó a recibir un tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana, al que ya estará atada de por vida si no recibe un trasplante de riñones. Desde ayer mismo, se le ha prescrito aumentar la frecuencia de las diálisis a más veces por semana.

Extracto del Informe de Alta Hospitalaria de 7 de agosto

Cuando recibió el alta hospitalaria, Fatima regresó a Las Posadillas. Entregó al encargado los papeles que le habían dado en el Hospital, cuyo contenido desconoce, y siguiendo sus indicaciones, se reincorporó al trabajoComo en la anterior, durante su segunda estancia en el hospital nadie fue a visitarla. Nadie se interesó por su situación. El 29 de julio la empresa Los Arenales de Mazagón SL cursó su baja en la Seguridad Social por finalización de contrato. Según consta en el informe de alta hospitalaria de 7 de agosto, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, “por problemática social se prolonga el ingreso a través de la Trabajadora Social y con ayuda de traductora se busca soluciones a través del consulado para traslado y continuar con las sesiones de diálisis asumidas en su país de origen a lo que la paciente se niega”. Fatima se negó. El centro para un tratamiento de esas características más cercano a su localidad de origen está a más de cinco horas en coche particular, que no tiene. En transporte público sería una odisea. Tres veces por semana, un imposible. Tras rechazar el traslado a Marruecos en sus actuales circunstancias, ni la empresa Los Arenales de Mazagón SL, ni las consultoras sociosanitarias de MZC, ni ningún recurso asistencial público, ni los mediadores del Plan PRELSI se han puesto en contacto con ella.

Cuando salió del hospital Fatima no tenía adónde ir. El alojamiento para temporeras de la finca Las Posadillas ya no estaba disponible. Su encargado de referencia en la empresa no respondía a sus llamadas. Un enfermero del Juan Ramón Jiménez se puso en contacto con Rahlem, otro trabajador marroquí con nacionalidad española afincado en el asentamiento de Las Madres. Procedente de la misma comarca marroquí, Rahlem mantiene cierta relación de parentesco lejano con Fatima. Fue él quien la recogió en la puerta del hospital Juan Ramón Jiménez y la llevó a vivir, a falta de otra opción, al asentamiento de Las Madres, donde reside desde entonces en el interior de una caravana vieja y desvencijada.

Caravana en la que vive Fátima en el asentamiento chabolista de Las Madres (Moguer, Huelva)

Como han confirmado ambos a esta revista, de la situación de desamparo en la que se encuentra Fatima supo hace unas semanas el coordinador de Podemos en Huelva y concejal de Adelante Andalucía en el Ayuntamiento de la capital onubense, Jesús Amador, quien lo comunicó a la responsable provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, María Martín. Esta, a su vez, trasladó la información a la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, entidad contratada expresamente por la Junta de Andalucía para el acompañamiento sociosanitario de las trabajadoras marroquíes durante sus estancias en España. Ana Martín, responsable de MZC en Huelva, también ha confirmado a esta revista haber recibido la alerta del IAM. Martín asegura que se pusieron en contacto con Fatima y le ofrecieron tramitar su regreso a Marruecos. Y que Fatima se negó. Ahí finalizó la intervención de la ONG.

El 1 de noviembre, y con esa fecha, la médica M.V.M. del centro de atención primaria del SAS en Moguer firmó, por primera vez, la baja laboral por Enfermedad Común de Fatima. Cinco meses después de su primer ingreso hospitalario. Tres desde que finalizó su relación laboral con Los Arenales de Mazagón SL.

A día de hoy, y más de tres veces por semana, la ambulancia recoge a Fatima para llevarla a un centro de hemodiálisis (ora en el Juan Ramón Jiménez, ora en el Centro de Salud de Cartaya, ayer en la Clínica privada Costa de la Luz…) y regresarla a Las Madres. Allí, en su caravana, recibe la única asistencia cuasi permanente de Rahlem. Carecen de luz eléctrica y de agua corriente. Rahlem le ha instalado una pequeña placa solar, en la que han invertido unos 300 euros, “para que ella pueda calentar agua, ver la tele y cargar la batería del móvil”.

Fatima carece de ingresos. Desde que enfermó y salió del hospital sólo ha cobrado 644 euros por los 14 días que trabajó en junio. Guarda aún parte del dinero ganado en Las Posadillas. Algunos de los medicamentos que le han rectado cuestan más de 200 euros. Sobrevive al día a día con la ayuda de Rahlem y del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL), gracias a un fondo de la ONG Intermon Oxfam con el que se ha prestado asistencia a otras cuatro mujeres marroquíes en situaciones similares a la de Fatima. Para ellas, permanecer en España y recibir un adecuado tratamiento médico y social es, literalmente, una cuestión de vida o muerte.

El fracaso del sistema

Fatima subiendo a la ambulancia que le lleva varias veces por semana hasta un centro de hemodiálisis

La cuestión es que, por desconocimiento u omisión, a Fatima se le están negando derechos laborales, salariales, sociales y sanitarios que se ha ganado con el sudor de su frente durante más de 20 años. Siendo parte del engranaje que hace posible la próspera industria de los frutos rojos onubenses. En consecuencia, está viviendo un infierno que no se merece. Sobrevive al día a día con la ayuda de Rahlem y del colectivo Jornaleras de Huelva en Luchagracias a un fondo de la ONG Intermon Oxfam con el que se presta asistencia a otras cuatro mujeres marroquíes en situaciones similares. Para ellas, permanecer en España y recibir un adecuado tratamiento médico y social es, literalmente, una cuestión de vida o muerteEn contra de lo que ufanamente presumen el lobby patronal Interfresa, las principales organizaciones empresariales, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los más prominentes líderes empresariales y políticos, en el caso de Fatima han fallado todos los agentes sociales públicos y privados. Ninguno de los protocolos y programas para garantizar el cumplimiento de las normativas y velar por el bienestar de las marroquinas, regados en buena parte de sustanciosas subvenciones gubernamentales, ha detectado e impedido la situación en la que Fatima se encuentra.

Ni la empresa, ni los mediadores del PRELSI, ni las consultoras de MZC le han explicado cuáles son los derechos que le asisten, los recursos asistenciales existentes, ni mucho menos, cómo actuar para disfrutar de ellos.

Por ejemplo, el derecho a recibir una prestación económica por incapacidad laboral desde el momento en que resultó incapacitada para seguir trabajando. Según explicaron el pasado este lunes a esta revista fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, las trabajadoras marroquíes contratadas en origen adquieren ese derecho si han cotizado al menos 180 jornadas en los últimos cinco años. Fatima, que lleva viniendo a recoger fresas desde 1997, de forma consecutiva los últimos ocho años, ha cotizado 90 jornadas solo en este 2020 en el que sus riñones le han impedido hacer toda la campaña.

Fatima debería estar en situación de baja laboral desde comienzos de junio, pero esta no fue firmada por su médica de referencia hasta el pasado 1 de noviembre. A partir del cuarto y hasta el vigésimo día de incapacidad laboral, debería haber percibido el 60 % de su última base reguladora. En su caso, la nómina del mes de mayo, que fue de 1.671,46 euros. A partir del día veintiuno y hasta el Alta Laboral, Fatima debería estar percibiendo el 75 % de la base reguladora. Es decir, 1.253,60 € mensuales hasta que su salud le permita volver a trabajar. La duración máxima de esta prestación por enfermedad común es de 365 días, pudiéndose prorrogar otros 180 días cuando se prevea la curación durante ese periodo. En caso contrario, Fatima tiene derecho a una prestación permanente por invalidez. Se la ha ganado cotizando con el sudor de su frente periodos de hasta seis meses durante las dos últimas décadas. Como cualquier otro trabajador o trabajadora. Es la Ley.

Pero Fatima vive en una vieja caravana ubicada en un asentamiento chabolista sin electricidad y sin agua corriente. Sin ingresos. Tres o más veces por semana, en el borde la carretera se la puede ver subir o bajar de la ambulancia que la trae y la lleva a las duras y agotadoras sesiones de diálisis.

El de Fatima no es un caso aislado. Habrá ampliación.

Comunicado del lobby patronal Interfresa

La Mar de Onuba se ha puesto en contacto con el lobby patronal Intefresa (la organización empresarial de la que depende el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social suscrito, de forma voluntaria, por algunas de las empresas asociadas a las patronales Asaja, FresHuelva y COAG; entre ellas Los Arenales de Mazagón SL.) al objeto de conocer qué eslabón de la cadena ha podido fallar para que una trabajadora contratada en origen haya terminado en la lamentable e incomprensible situación en la que se encuentra Fatima en la actualidad.

Por su interés reproducimos, textualmente, el comunicado que la interprofesional ha remitido a nuestra redacción:

Después de analizar detenidamente el caso que nos trasladan, no encontramos coincidencia alguna entre lo que plantean y la realidad de lo acaecido, por lo que estimamos oportuno no entrar en valoración alguna sobre unos hechos que no se corresponden con la información que obra en nuestro poder tras consultar a todas las partes. Nos reservamos el derecho a emprender acciones judiciales en el caso de que lo publicado incurra en alguna vulneración de los derechos de cualquier persona física o jurídica mencionada en la información que tienen intención de publicar.


ElPlan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social (Prelsi) de Interfresa

«Interfresa, en aras de hacer efectiva la defensa de la imagen del sector, cree conveniente ampliar el ámbito de responsabilidad empresarial citado en líneas previas a una responsabilidad sectorial. Para ello, esta interprofesional aboga por la creación de un ente unipersonal que pueda dar cobertura a todas las explotaciones agroalimentarias que conforman la industria de los frutos rojos en Huelva. Esta cobertura viene a descansar en la figura del consultor de integración, que con matiz corrector infiera toda
conducta susceptible de vulnerar derechos básicos de los trabajadores ligados contractualmente a puestos bases, garantizando así el crecimiento, la sostenibilidad, la seguridad y la rentabilidad de la mano de obra en el sector, sonado hándicap. Por ello, se entiende necesaria la mediación laboral como la mejor de las opciones para resolver los potenciales conflictos que puedan surgir, evitando de esta manera los efectos colaterales o derivados de los mismos. Será pues, un mecanismo focalizado a un acercamiento de postura, entendimiento y ayuda tanto para los puestos bases como para los cargos intermedios».

«El consultor de integración será un ente dependiente directamente de Interfresa al ser esta  Interprofesional la única entidad que representa el cien por cien del sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva. (…) Tendrá funciones de asesoría y apoyo para los trabajadores, en especial, para los jornaleros y los cargos intermedios del sector, independientemente de su origen, tipo de contrato o funciones a desempeñar. El consultor transcribirá y comunicará el conflicto a la Interprofesional, sin sancionar ni juzgar. Será pues un ente correctivo y previo a la vía legal«.

El consultor de integración llevará a cabo un trabajo profuso. Investigará per se la situación laboral de cada finca y atenderá con más inri aquellas irregularidades que sean reivindicadas por la presunta víctima, por sus representantes legales o por cualquier persona conocedora de primera mano de la presunta conducta constitutiva de infracción legal.

El consultor de integración deberá emitir informes acerca de la situación de los jornaleros y encargados de las fincas que visite por asignación. El informe-diagnostico será instrumental, flexible en cuanto a forma y contenido (condición de trabajos, situación en género, acceso a comunicación, características del personal, comunicación interempleado…). Podrá incluir aspectos o datos de carácter cuantitativos y cualitativos. Estos informes, según contenido, serán calificados como positivos o negativos. 

Esquema de actuación de los consultores de integración del Prelsi en casos graves y muy graves (click para ampliar).

Los informes podrán ser enmarcados en dos tipos de procedimientos. (…) Se recurrirá al procedimiento abreviado de urgencia (procedimiento excepcional), en tanto en cuanto el consultor de integración considere que las actuaciones que están acaeciendo en alguna de las explotaciones agrícolas son graves o muy graves y requieren un conocimiento inminente por parte de la Interprofesional. Por ello, el consultor deberá elaborar el pertinente informe – negativo – ipso facto y remitirlo a la Interprofesional en un plazo máximo de veinticuatro horasUna vez recepcionado el informe, Interfresa – en representación del sector – dará traslado del mismo al dueño de la explotación agrícola, así como a la entidad comercializadora vinculadaCuando la comunicación a los actores anteriores se tenga por realizada, se dará aviso apremiante a la autoridad competente para que practique la investigación pertinente y solucione el conflicto. Una vez practicado el traslado del informe, se podrá poner fin al procedimiento».

«Al detallar la operativa a la que esta figura [consultor de integración] se circunscribe, se viene oportuno recalcar la necesidad de que la gestión de dicha figura recaiga en la Interprofesional de la Fresa Andaluza (INTERFRESA), pues esta viene a representar el cien por cien del sector de los frutos rojos en la Provincia de Huelva. De hecho, es la única entidad en la que actualmente descansa dicha total representación. Se hace difícil pues asegurar la realidad de este mecanismo consultor si no es involucrando a la totalidad del sector, a la par que se acortan plazos y se condensan procedimientos y toma de decisiones. Todas estas razones justifican la necesidad de otorgar la exclusividad del trato con los consultores de integración y la gestión del procedimiento a la Interprofesional, como representante unitaria de todo el sector; sector que está sujeto a un afloramiento censal, realidad que no hace más que motivar la necesidad de establecer de tal manera la dirección y gestión de este mecanismo».

Perico Echevarría.

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