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Benceno en el agua: cronología de los hechos

En la tarde del jueves 3 de diciembre saltaban las alarmas. Tras el aviso de la empresa suministradora ARECIAR a las autoridades sanitarias, la Delegación Territorial de Salud anunciaba: “el agua suministrada en La Luisiana y Marchena no es apta para el consumo humano”. Más de 24.000 personas quedaban sin agua para beber o cocinar mientras la incertidumbre crecía. Diarios como ABC, El Español, Diario de Sevilla o La Vanguardia reproducían el suceso en sus cabeceras digitales.

Publicado en Diario de Sevilla. 3 de diciembre de 2020. 16:32 h.

En Marchena, la primera comunicación oficiosa se realizó desde las redes sociales privadas de la alcaldesa María del Mar Romero.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Luisiana hizo su primer comunicado al respecto más de una hora después.

Sin respuestas a las muchas preguntas que surgían, la primera reacción de los vecinos fue dirigirse masivamente a comercios locales para comprar algunos litros de agua; extendido el caos y agotado el líquido elemento en ambas localidades, la única solución para miles de personas era el desplazamiento hasta comercios de Écija u otros pueblos cercanos. Las autoridades todavía no se habían pronunciado más allá de la prohibición inicial.

Lo hizo, en primer lugar, la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), que intervenía con declaraciones de su presidenta, Rosario Andújar, para un artículo publicado en ABC :

ABC. 3 de diciembre de 2020.

En este didáctico artículo, Andújar confunde valor paramétrico (valor máximo permitido) con valores normales, habituales, y reconoce que la contaminación se detectó de forma previa al día 1 de diciembre; que habría afectado a todos las localidades abastecidas por el Consorcio, y que la prohibición se realiza exclusivamente en La Luisiana y Marchena por ser los únicos pueblos donde los niveles de benceno en el agua no han regresado “a los estándares normales”. Así, el miedo se extendía inmediatamente a Écija, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, La Campana, Paradas, Arahal, Morón de la Frontera, Lantejuela, Osuna, La Puebla de Cazalla, El Rubio, Marinaleda, Herrera, la E.L.A. Isla Redonda-La Aceñuela y la pedanía de El Villar.

Se manifestaba también Javier Avecilla, delegado de Servicios del Ayuntamiento de Arahal y miembro del Consejo de Administración de ARECIAR, y reconocía niveles de hasta 2,7 µg/litro (microgramos por litro) cuando el máximo permitido en España es de 1 µg/litro. La pieza en el diario MarchenaSecreta:

MarchenaSecreta. 3 de diciembre de 2020.

Dos horas más tarde se comunicaba en Marchena -de nuevo desde las redes sociales de la alcaldesa- que desde hoy, viernes, se garantizaría el suministro de agua con camiones cisterna.

Cinco horas más tendrían que esperar los vecinos de La Luisiana para recibir el aviso por parte de su Ayuntamiento, que reproducía de forma íntegra el comunicado oficial publicado por el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”:

Además, los órganos de comunicación de los diferentes Ayuntamientos afectados publicaron sus respectivos mensajes de calma en los que se reproducía una única versión oficial:

Y la cronología queda incompleta al desconocer todavía los datos más relevantes:

  1. ¿Cuándo se detectó por primera vez la contaminación? ¿Cuándo se realizó la última prueba con resultados “normales”?
  2. ¿Por qué no se prohibió el consumo de agua contaminada entonces?
  3. ¿Cuándo se avisó a las autoridades competentes? ¿Cuánto tarda en reaccionar la Delegación de Salud de Sevilla?
  4. Habiendo reconocido que la contaminación se ha producido en todos los municipios que forman parte de la red, ¿Qué niveles exactos de contaminación por benceno ha presentado el agua de consumo de las localidades afectadas cada día desde que se descubre la sustancia?
  5. ¿Por qué la máxima representante de un organismo de tratamiento de aguas confunde nivel normal con nivel paramétrico?
  6. Ante una versión oficial con lagunas obvias, ¿Por qué los Ayuntamientos reproducen la versión oficial y no exigen transparencia?
  7. ¿Quiénes son los responsables de este riesgo para la salud pública? ¿Qué responsabilidades van a asumir?

Miguel Á. Laguna.

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